Noticia Estrella de Arica.
Qué sucede en Arica con las obras más emblemáticas? es una pregunta que muchos ariqueños se hacen, debido a que varios proyectos que fueron anunciados con "bombos y platillos" por parte de las autoridades, están literalmente abandonados.
Un ejemplo claro es el proyecto municipal conocido como Parque Acuático. Fue una promesa de campaña del ex alcalde Waldo Sankán y este 24 de abril cumple un año con los trabajos paralizados. Con 6 mil millones de pesos destinados desde el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y recursos municipales,
El problema se originó al momento que la Municipalidad de Arica adjudicó los trabajos a la constructora ariqueña Andalién que no tenía experiencia en obras de esta envergadura, ni la solvencia económica para solventarla. Después de cuatro meses, la empresa presentó problemas de pago a sus proveedores y subcontratistas, los cuales habían asumido la casi totalidad de los trabajos, a raíz de que la firma no tenía todas las especialidades que se requerían para las obras. La insolvencia en la que se vio en vuelta, provocó que dejara impagos los sueldos de los trabajadores y se vio en la obligación de abandonar la obra, traspasando los trabajos a la empresa Asevertrans, del cuestionado empresario de contratos de aseo municipales, Jorge Frías.
Esta transacción despertó las sospechas de la Fiscalía, entidad que investiga este contrato como uno de los casos de lavado de dinero por el cual está imputado Frías en la investigación por corrupción pública .
El resultado de esta aventura del alcalde Sankán finalmente significó la pérdida de este tradicional "pulmón verde" de la ciudad.
Parque Lauca
Parque Lauca
Pero no sólo el Parque Acuático tiene paralizadas sus obras. También lo están las de la tercera etapa del Parque Lauca (Pedro Aguirre Cerda a Azolas), proyecto que representa una inversión de 710 millones 927 mil 445 pesos.
Durante la gestión del alcalde Sankán, fueron adjudicados los trabajos a la empresa penquista H y S, la misma que se quedó a cargo de la construcción de 5 multicanchas y las dejó abandonadas.
El arquitecto municipal, Gastón Baeza, explicó que la empresa H y S, se hizo cargo de dos multicanchas de la Junta Vecinal 26 y la 39, pero finiquitaron a la constructora por incumplimiento de contrato y no se cursaron pagos.
"No estaba cumpliendo con lo que indicaban las especificaciones técnicas de las bases. La Unidad Técnica del municipio consideró que no era conveniente que continuara esta empresa", expresó Baeza.
Otra obra municipal que hoy está paralizada es el proyecto de reposición de la Plaza Arauco. La obra aún está cerrada con una malla, siendo que estaba programada su inauguración para el 16 de diciembre del 2012, proyecto que tiene una inversión de 290 millones de pesos.
Baeza explicó que la obra ya está terminada y los trabajos sólo se detuvieron debido a una modificación en los postes del alumbrado público, por lo que se solicitó una obra extra para mejorar el diseño y los recursos ya fueron a aprobados por el Concejo Municipal.
"Estamos en la etapa de la recepción provisoria de la obra. Si existe un problema, la empresa tiene 15 días para repararlas", acotó el profesional.
El arquitecto municipal, planteó que hasta ahora nunca habían tenido problemas con las empresas y que es nuevo en Arica que obras queden abandonadas.
"Nunca ha sido buena experiencia trabajar con empresas foráneas, porque ellos vienen a lucrar con nosotros. Muchas veces el resultado de las obras no son perfectas, por lo tanto en el tiempo se va viendo su funcionamiento. Cuando son empresas locales responden inmediatamente, tienen un compromiso con la ciudad", sostuvo Baeza.
gobierno
gobierno
Una de las obras que quedaron a medio camino y en plena temporada estival 2013, es el proyecto mejoramiento de la Playa La Lisera. En una segunda licitación, ya que la primera falló, las obras fueron licitadas el 20 de agosto del año pasado corriendo el riesgo de que no estarían terminadas al iniciarse el verano. Y así finalmente ocurrió, pues la propuesta pública fue adjudicada por 294 millones 726 mil pesos, pero en diciembre del 2012, el Ministerio de Obras Públicos debió paralizar la obra por severos incumplimientos, dejando sectores cerrados o con riesgosos accesos para el público desde el paseo superior.
El consejero regional Juan Arcaya fue quien puso la voz de la alerta. "Se contrató a la empresa iquiqueña Sierra y Compañía Limitada y debido a incumplimientos y el atraso del contratista, el MOP resolvió dar término anticipado al contrato. Tenían que ejecutar el proyecto en 120 días, plazo que se cumplió el 18 de diciembre justo al filo para iniciar la temporada estival", planteó Arcaya.
El MOP informó en esa oportunidad que los trabajos se estarían retomando en marzo, pero aún no hay luces de la licitación que permitirá concretar este proyecto.
Ruta 11 Ch
Ruta 11 Ch
Otro proyecto emblemático son los 45 kilómetros de la Ruta 11 Ch Arica-Tambo Quemado.
El MOP se había comprometido a que al término del Gobierno del Presidente Piñera, entregaría este último tramo reparado hasta la frontera con Bolivia.
La realidad dijo otra cosa. Desde mayo de 2011 que se iniciaron los trabajos en una primera etapa de 23 kilómetros, cuya entrega aún está pendiente. En ese sector todavía no terminan los trabajos, pese a que tenían que ejecutarse en 18 meses, que se cumplieron en noviembre del año pasado. Lo que es peor, el alcalde de Putre, Angelo Carrasco, ha denunciado públicamente que, aunque aún no han sido inauguradas, las obras ya presentan baches.
Con la quiebra de la empresa Comsa de Chile S.A., a cargo de estos trabajos, que confirmada el martes recién pasado por el 30° Juzgado Civil de Santiago, el panorama se presenta incierto.
La empresa no sólo tenía este tramo, sino también un segundo de 22 kilómetros hasta la frontera con Bolivia. Si bien la constructora asumió en abril del año pasado este nuevo contrato, hoy se conoce que en casi un año no registró siquiera un 1 por ciento de avance.
La quiebra de Comsa golpeó, también, a diversos microempresarios de Putre, quienes a raíz de las abultadas deudas que dejó la empresa, decidieron hace dos semanas realizar varias manifestaciones públicas, para exigir que el Gobierno Regional se haga responsable de las deudas, considerando que fue el Estado el que asignó los dos contratos de obras públicas por 35 mil millones de pesos a esta constructora.
Dentro de los problemas denunciados, aseguran que hay facturas impagas, las cuales bordearían los 1.000 millones de pesos, de los cuales 500 millones corresponderían a servicios de transportes.
El vocero de los microempresarios en Putre, Patricio Barraza, no sólo cuestiona los incumplimientos de la constructora con los proveedores, sino que sus dardos apuntan hacia la calidad de las obras.
"Es inaceptable que los trabajos que se realizaron en el kilómetro 137 al 147 y que aún no cumplen un año, estén totalmente deteriorados. Por esa obra se pagó mucho más del presupuesto inicial y la carretera ya está destruida", planteó.
Por su parte, el director Regional de Vialidad, Guillermo Pardo, dijo que hay que esperar que el síndico de quiebras tome el control de la empresa y defina su continuidad y cómo realizará el pago de las deudas que la empresa tiene. "Estamos buscando por todos los medios iniciar las obras en el menor tiempo posible, ya sea por la vía de traspasos, liquidaciones o trato directo. Es primordial para este Ministerio dar diligencia a los procesos administrativos correspondientes de acuerdo al compromiso de Gobierno con el desarrollo de la región", planteó.
Preocupación
Preocupación
El consejero regional, Juan Arcaya se mostró preocupado por la dilación y fallas que han presentado los proyectos del MOP en estos tres años. "Como comisión de infraestructura del Core, estamos muy preocupados de esta situación, porque hablamos de postergar inversiones sociales que afectan directamente la calidad de vida de los ariqueños y parinacotenses y ni hablar del daño que se le hace a los subcontratistas y a los trabajadores, que en la mayoría de los casos no reciben sus pagos ni sus remuneraciones como corresponde".
En ese sentido, señala que es partidario, más allá de las pocas atribuciones que concede la ley, de "revisar con cada una de las unidades ejecutoras sus procesos de licitación, de modo de evaluar si están todos los resguardos tomados para cada una de los riesgos del proyecto, no sólo para los intereses del mandante, sino de toda la comunidad que pudiera verse afectada. Por otra parte esta situación se está haciendo tan común que nos debe obligar a buscar responsabilidades políticas y administrativas en estos casos, porque como se dice trivialmente, a algunos no les da ni frío ni calor esta situación", planteó.
- No sé si la poca fiscalización sea el problema. Creo que más cómplice de esta situación son los reglamentos y las propias exigencias de las bases de licitación, muchas veces centralistas y sin contexto regional, ya que no permiten la participación de más oferentes en las licitaciones y condicionan la participación de sólo algunas empresas, generalmente afuerinas, que cobran más caro, traen mano de obra externa y además fijan domicilio en Santiago en sus contratos, dejando a los subcontratistas en el desamparo por incumplimientos, debiendo demandar en Santiago con la complejidad que significa.
El dirigente regional de la Cámara Chilena de la Construcción, Antonio Salazar, dijo que debieran existir mayores resguardos con los compromisos de las empresas con los distribuidores locales.
"Es fácil venir, se instalan se declaran en quiebra y se van. El problema que tenemos es enorme, más aun cuando el mandante es el Estado. A nosotros nos preocupa, porque si fuera un privado son los riesgos que uno asume. De la noche a la mañana. Los grandes distribuidores podrán subsistir a esta deudas pero las pymes no", expresó el dirigente.
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